♦ La EPA ha acusado a Fiat Chrysler Automobiles de usar software para permitir emisiones de NOx por encima de las establecidas legalmente en algunas camionetas y todoterrenos
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| Los Dodge RAM de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) están ahora en el punto de mira de la EPA |
Al pronto, la noticia podría hacer pensar al lector que las autoridades estadounidenses apuntan a vehículos que el grupo italoamericano fabrica en Italia y vende en Norteamérica, pero no es así. Las acusaciones apuntan a modelos de la marca Dodge RAM del grupo correspondientes al período 2014-2016, del tipo camioneta (pickup) y todoterreno (SUV) y propulsados por un motor Diesel de 3 cilindros de cilindrada.
En una conferencia de prensa, Sergio Marchione, presidente ejecutivo de FCA, ha negado tajantemente que las acusaciones sean ciertas y ha prometido que FCA trabajará con la nueva administración estadounidense para que quede claro que sus vehículos cumplen la normativa vigente en materia de emisiones y que la compañía no ha hecho nada ilegal.
Pero lo cierto es que la EPA lleva meses rechazando la certificación de los vehículos Diesel de FCA para que puedan venderse en Estados Unidos, pero el fabricante ha continuado vendiendo sus vehículos Diesel del modelo correspondiente a 2016.
A raíz de que Volkswagen admitiese en septiembre de 2015 que había utilizado dispositivos para falsear los controles de emisiones de los 580.000 vehículos propulsados por motor Diesel que el grupo alemán había vendido en Estados Unidos, la EPA anunció que pensaba someter a prueba todos los coches impulsados por este tipo de motores que circulaban por Estados Unidos para verificar que llevaban instalados sistemas que falseasen las emisiones reales de dichos motores.
¿Toreando la normativa?
El problema es que la legislación permite que el fabricante instale sistemas que pueden desactivar los dispositivos que limitan las emisiones en el caso de que el motor pudiera sufrir daños si continuaba el funcionamiento de éstos. Así, cuando el vehículo está siendo controlado para verificar sus emisiones contaminantes, esos sistemas mantienen las emisiones en sus niveles legales, pero en cuanto el vehículo vuelve a la circulación, esos sistemas pueden desactivarse y los motores emiten sustancias contaminantes en cantidades no permitidas.
El punto débil por el que la EPA puede atacar es que la existencia de esos dispositivos que teóricamente sirven para proteger de daños al motor en determinadas circunstancias deben haber sido declarados ante las autoridades federales, por lo que la batalla legal se centrará en si FCA los declaró o no los declaró.
Si FCA fuese condenada, cada uno de los vehículos infractores podría llegar a pagar 37.500 dólares (unos 35.300 euros al cambio actual). Así pues, si la cifra total de vehículos se queda en los 104.000 mencionados en párrafos anteriores, la sanción podría ascender a 5.250 millones de dólares.
Volkswagen, tras el reciente acuerdo con las autoridades estadounidenses aceptando declarase culpable y pagar una multa de 4.300 millones de dólares, lleva acumuladas ya en Estados Unidos sanciones e indemnizaciones de casi 21.000 millones de euros. Si dividimos esta última cifra entre 580.000 vehículos, nos da poco más de 36.200 euros por vehículo. Aplicando ese promedio a los 104.000 Dodge RAM de FCA, el grupo italoamericano podría tener que pagar unos 3.765 millones, si todos los vehículos fuesen calificados de infractores por la EPA. No debe pues extrañar que la cotización en bolsa de las acciones de FCA se haya resentido, bajando un 18 por ciento.
Quede claro que esta cifra aproximada incluiría no sólo las sanciones legales sino también las indemnizaciones a instituciones y particulares, capítulo éste de las instituciones y particulares que Volkswagen aún no ha conseguido cerrar.