• El proveedor alemán se ha declarado culpable de intentar fijar precios en ciertos sistemas y componentes y se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Departamento de Justicia
MADRID ─ Robert Bosch, el mayor proveedor mundial independiente de equipos, componentes y sistemas para el automóvil se ha declarado culpable de manipulación de precios en contra de las normas de libre competencia y ha aceptado pagar una multa de 57,8 millones de dólares (unos 53 millones de euros al cambio actual) amén de comprometerse a colaborar en las investigaciones realizadas sobre esta materia por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En concreto, las maniobras de fijación de precios se realizaron sobre bujías, motores de arranque y sensores de oxígeno para el tubo de escape. Hay dos expedientes sancionadores contra Bosch: uno que tiene que ver con la entonces DaimlerChrysler, General Motors (GM) y Ford; el otro, afecta a Volkswagen.
Los españoles, a la vista de lo ocurrido en las últimas décadas, hemos llegado a familiarizarnos tanto con los asuntos de la corrupción, los fraudes y el trapicheo, que, aparte de considerarlo ya como parte inevitable del paisaje, pensamos casi que estas cosas sólo pasan en España: los ERES, la formación, los concesionarios de automóviles...
Desgraciadamente, no es así y pasan en todo el mundo; afortunadamente, hay organismos y personas que tratan de frenar y castigar esos comportamientos: la Comisaría de la Competencia, en Bruselas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la juez Alaya, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, etc.
La industria del automóvil tampoco es ajena a comportamientos ilegales o fraudulentos e incluso una compañía de las dimensiones de Bosch, alemana por más señas y sujeta a unas normas muy estrictas en cuanto al fair play comercial, no se escapa a la tentación. En Estados Unidos, incluyendo a Bosch, ya llevan 34 compañías y 29 ejecutivos del sector del automóvil que han sido declarados culpables de maniobras para fijar los precios, estando algunos de esos ejecutivos cumpliendo ya penas de prisión; en todo el mundo, el número de ejecutivos condenados asciende, según parece, a 43. En total, los condenados llevan pagados casi 2.500 millones de dólares.
Y, por lo general, no se trata de actuaciones que infringen la ley durante un corto período de tiempo. En el caso de Bosch y sus suministros a DaimlerChrysler, GM y Ford parece que las prácticas contra la libre competencia se realizaron al menos entre enero de 2000 y julio de 2011. En el expediente relativo a Volkswagen, el período es bastante más corto: entre enero de 2009 y junio de 2010. Además, las actividades ilegales no se circunscribieron a uno o unos pocos países sino que, siendo la industria del automóvil global, se realizaron en todo el mundo.