♦ En algunos casos se llegaron a falsificar las firmas de personas ya fallecidas ♦ Según la Guardia Civil, se pagaban hasta 400 euros por la documentación de los vehículos que se iban a desguazar
Ya entonces señalamos que, amparándose en la ingenuidad del legislador, se habían podido presentar para su desguace coches que ya llevaban años desguazados y que, desgraciadamente, ni siquiera se podía descartar que el amaño no se hubiera practicado también en ediciones precedentes del PIVE, ni que algunos de aquellos vehículos que llevaban años en un desguace, no se hubieran utilizado en varias operaciones de renovación. Sólo en la séptima edición del PIVE se exigió la titularidad del vehículo aportado para desguace por un mínimo de un año inmediatamente antes de la presentación del mismo para solicitar las ayudas.
Aunque la industria echó rápidamente tierra sobre tan feo asunto, la Guardia Civil, incansable como siempre, ha venido a desempolvar el mismo y ha anunciado, en el marco de la operación Preveo, la detención de 75 personas y la investigación de otras 29 como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE. Los agentes tratan ahora de determinar la responsabilidad de otras personas en estos hechos.
Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015, a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en la que manifestaba que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por uno que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos.
En investigaciones posteriores, la Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de dicha transferencia, todo ello sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en aquel centro en el transcurso de la cual se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos allí entregados para su baja definitiva, sospechando que con todos ellos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada.
Beneficios fraudulentos
Tras un primer análisis de la documentación intervenida, los agentes constataron que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente con ellos del Plan PIVE.
Asimismo, continua el comunicado de la Benemérita, se cotejó la documentación intervenida con los registros en las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada, poniendo al descubierto que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Igualmente, se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida.
El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.
En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por la que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.
Una vez recopilada la documentación necesaria, el concesionario remitía ésta a la gestoría con la que trabajaba, que era donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, solicitándose posteriormente la baja definitiva del vehículo.
Detenciones en nueve provincias
Las detenciones han sido llevadas a cabo en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería y entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, imputándoseles un delito de estafa; otras 11 están relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también el mismo delito y en algunos casos el de falsificación de documentos; y otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer estafa.
La Guardia Civil trata ahora de determinar la relación de otras personas con hechos similares a los descritos, por lo que no descarta nuevas detenciones.
La noticia no llega en el mejor momento para el coro de plañideras de la industria del automóvil que lleva ya unas semanas dirigiendo sus plegarias al gobierno para que éste dote de fondos una nueva edición del PIVE, que sería ya la novena.
Según parece, los sones de ese coro ejercen sobre el gobierno un efecto similar al que Homero relataba que ejercían sobre Ulises y sus compañeros los cánticos de las sirenas, ya que recientemente, Begoña Cristeto, secretaria de estado de Industria, admitía en el II Encuentro ACICAE-Expansión, celebrado en Bilbao, que se estaba preparando un plan de ayudas para reemplazar al PIVE pero con algunas diferencias pues iba a basarse mucho más en la eficiencia de los motores de los vehículos nuevos para cuya compra se concederían las ayudas económicas.