• Los fabricantes quieren que en el próximo PIVE se eliminen las exigencias de un año de propiedad del vehículo a achatarrar y la ITV en regla
En efecto, la desastrosa gestión del PIVE 7, un plan que se ha realizado en el marco de una absoluta chapuza legal, revirtiendo la mayor parte de sus fondos al PIVE 6, que se había agotado a mediados del otoño del año 2014, brindaba una oportunidad de oro para olvidarse ya de una vez estos planes, en los que, al final de la presente legislatura y si no nos fallan las cuentas, se habrán gastado 1.278 millones de euros entre todos los planes PIVE (turismos), PIMA (furgonetas) y MOVELE (eléctricos).
Pero no, el gobierno parece dispuesto a lanzar una edición de despedida ─del PIVE y del gobierno─ de unos planes que, según ha reiterado también la secretaria de Industria, han servido para estimular la demanda y para achatarrar un millón de vehículos contaminantes e inseguros, afirmación esta última que, para nosotros, no es más que un brindis al sol de Begoña Cristeto, que olvida todos los chanchullos que se hicieron en las primeras cinco ediciones del PIVE, cuando los espabilados de turno descubrieron el negocio que podía hacerse vendiendo vehículos que llevaban años en un desguace a los automovilistas que querían aprovecharse de las subvenciones del PIVE y no disponían de un vehículo propio para achatarrar. ¡Toma ya renovación del parque!.
Nuestras autoridades se pusieron un poquitín más serias y en el PIVE 7, cuando sus fondos ya estaban previamente agotados conforme a las normas del PIVE 6 en que no se exigía, establecieron que el vehículo presentado a achatarrar debía haber sido propiedad del automovilista que quería beneficiarse de las ayudas del PIVE 7 al menos durante los doce meses previos y, además, debía tener superada su reglamentaria ITV, resulta que el asunto no gusta en ANFAC.
Quitar las medidas pensadas para evitar chanchullos
La reacción de los fabricantes a esas exigencias preventivas de fraude ha sido de rechazo, como nosotros habíamos previsto en un comentario previo, y así lo ha manifestado, por ejemplo, Francisco Pérez Botello, presidente ejecutivo de Volkswagen-Audi España, hace pocos días a la agencia de noticias Europa Press, señalando que el próximo plan debería retornar a las condiciones establecidas en el PIVE 6, mucho menos restrictivas que las del PIVE 7. En concreto, que se elimine lo del año de propiedad del vehículo a achatarrar y lo de la ITV en regla.
Por más que desde ANFAC se esté insistiendo continuamente en que por cada euro que Hacienda invierte en los planes de ayuda recupera tres euros a través de impuestos, pensamos que es imprescindible que, por lo menos, todo ello se haga en un marco de absoluta legalidad y no haciendo la vista gorda sobre los chanchullos que, por imprevisión del legislador, han salpicado los PIVE.
Por otro lado y aún comenzando por subrayar que los concesionarios investigados, al menos por ahora, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quedan en número por debajo del 5 por ciento de los afiliados a la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles (FACONAUTO), no casan muy bien las subvenciones y la creación de cárteles para manipular los precios.
De momento, la CNMC ha anunciado ya sanciones por 9 millones de euros a 45 concesionarios de Opel, Hyundai y Toyta, pero aún hay varios expedientes a punto de culminar. El más próximo de ellos contra 119 concesionarios de Land Rover (6), Nissan (7), Volvo (4) y Seat-Volkswagen-Audi (102, incluyendo 12 concesionarios propiedad de las compañías del grupo alemán).