jueves, 13 de noviembre de 2014

LOS FABRICANTES EUROPEOS INVESTIGADOS POR POSIBLES ACUERDOS PARA FIJAR PRECIOS

- Daimler, DAF, Iveco, MAN, Renault Trucks y Scania están a la espera de conocer cuáles son las objeciones que la Comisión Europea plantea a sus prácticas comerciales



Joaquín Almunia era el comisario
europeo para la Competencia cuando
se iniciaron las investigaciones por
posible fijación de precios en el
mercado europeo de vehículos
industriales
MADRID ─ La mayor parte de los fabricantes europeos de camiones han admitido estar a la espera de recibir un comunicado que la Comisión Europea (CE) les ha anunciado y en el que se les plantearán las posibles prácticas comerciales de aquellos en contra de la libre competencia que, al parecer, girarían fundamentalmente en torno a la fijación de precios. En 2011, las autoridades comunitarias se presentaron en diversas sedes de Daimler, DAF, Iveco, MAN, Renault Trucks y Scania y las de algunos puntos de su red comercial en busca de documentos e información relativos al asunto. El mensaje generalizado por parte de los fabricantes es que manifiestan estar dispuestos a cooperar plenamente con las autoridades comunitarias y encontrarse a la espera de lo que éstas dictaminen finalmente, o, simplemente, prefieren guardar silencio cuando se les pregunta sobre la materia. Sin embargo, un dictamen desfavorable al final del proceso podría acarrearles graves sanciones económicas.

El origen de la investigación a que nos referimos hay que buscarlo en Gran Bretaña, cuando el organismo británico para la vigilancia del comercio limpio (OFT) emitió un informe provisional sobre las pesquisas que había iniciado en enero de 2010 relativas a algunos fabricantes de camiones. En dicho documento se indicaba que la filial británica de la alemana Mercedes-Benz y tres de sus cinco concesionarios que la OFT había sometido a investigación, podían haber fijado precios y compartido información sensible entre 2007 y 2010. 

Aquel caso afectaba a concesionarios de Mercedes-Benz en Inglaterra, Gales y Escocia, llegando la policía británica a detener entonces a una persona en las oficinas de Mercedes-Benz en Tongwell, cerca de Milton Keynes, que Financial Times identificó como Ian Jones, director gerente de la división de vehículos industriales de Mercedes en la subsidiaria británica de Daimler. 

El juez que llevaba el asunto subrayaba el carácter provisional de las conclusiones e insistía en que los implicados tendrían oportunidad para alegar lo que considerasen oportuno en su descargo antes de que las conclusiones pasaran a definitivas.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año 2010, se supo que la OFT había ampliado sus indagaciones a MAN, Mercedes, Scania y Volvo en el Reino Unido, abriendo una investigación a la mayoría de los fabricantes europeos de camiones presentes en este país por un caso de supuesta manipulación de los precios. 

Pero la OFT, que no goza de mucha popularidad entre los ciudadanos británicos, que la consideran muy onerosa y poco eficaz, optó por pasar la patata caliente a la CE, de la que ya era comisario para la Competencia el español Joaquín Almunia, en el marco de una investigación más amplia del mercado europeo de camiones.

Intercambio inadecuado de información 

Aunque el órgano ejecutivo de Bruselas no facilitó entonces los nombres de las marcas, Daimler Trucks, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo y algunas de sus subsidiarias (Ferrostaal, Mack, U.D. Trucks) reconocieron que sus oficinas o las de sus subsidiarias habían sido visitadas por los funcionarios de la Comisaría para la Competencia de la Unión Europea (UE), los cuales acudieron acompañados de funcionarios de los respectivos países, también relacionados con la competencia. El motivo: posible infracción de las normas comunitarias contra el monopolio y los cárteles por un supuesto intercambio inadecuado de información.

En medios industriales europeos se señaló al conocerse la noticia de la investigación de la CE en 2011, que, posiblemente, en los primeros dos años de la crisis financiera de 2008 la brutal reducción de la demanda de camiones podría haber animado a los fabricantes de éstos o sus subsidiarias comerciales a establecer acuerdos sobre los precios como única alternativa para sobrevivir, a sabiendas de que podrían tener que afrontar fuertes sanciones caso de ser descubiertos, pero valorando la posibilidad de que éstas pudieran compensarse con los beneficios obtenidos.

En procesos como éste, que con frecuencia llevan años ─como puede verse en este mismo caso─ la CE puede imponer multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios de las compañías condenadas y las personas implicadas pueden ser condenadas hasta a 5 años de prisión. En los cinco años últimos, la CE ha impuesto sanciones por valor de más de 15.000 millones de euros, destacando entre ellas la de 1.380 millones impuesta en 2008, también por maniobras encaminadas a fijar los precios, a una serie de proveedores de cristales para el automóvil, y la de 953 millones de euros impuesta en marzo de este mismo año a los proveedores de rodamientos para coches y camiones.