EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEBE PONER ORDEN EN LA DGT

♦ El anuncio que criminaliza a los camioneros debe ser retirado de inmediato ♦ Ya son demasiados los asuntos feos ocultos bajo las alfombras del organismo

MADRID ─ Vaya por delante que las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familias nos merecen todo el respeto y compasión del mundo; y subrayamos lo de compasión porque a ese término no le damos el significado de tener lástima de, sino de padecer con. Pero es evidente que la campaña de publicidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, apoyándose en la desgraciada muerte de Oscar Bautista García, un ciclista atropellado por un camión el 21 de octubre de 2013 en la autopista A-42, criminaliza a todo el sector camionero y ha sido muy desafortunada por lo que debe retirarse de inmediato, al tiempo que se piden responsabilidades a quienes han permitido la producción y difusión de dicha campaña. Las tibias disculpas, explicaciones más bien, que ha comenzado a presentar la DGT no son suficientes. Está claro que el comportamiento de una sola persona no puede extenderse a un colectivo de muchos miles ni para lo bueno ni para lo malo.
El anuncio en cuestión, uno de los tres que conforman la campaña en pro de la seguridad vial que ha lanzado este verano la DGT, comienza mostrando a Anna González, la esposa del ciclista fallecido, a la que expresamos nuestra más sentida condolencia, pronunciando la frase Un camionero atropelló a mi marido matándolo en el acto. De seguro que Anna se ha limitado a pronunciar la frase que le dijeron en la agencia publicitaria que haya producido el vídeo que tenía que pronunciar. Son éstos y, subsidiariamente, la DGT, los que han metido la pata al concretar el término camionero, que es lo que censura el sector.

Habitualmente se dicen frases como un coche, una moto, incluso un camión, sin concretar la profesión de quien iba al volante y eso es lo que censura el sector camionero. Habría bastado con decir Un vehículo atropelló a mi marido matándolo en el acto, y no se habría liado la que se ha liado. Porque, efectivamente, en estos casos, nunca se dice un panadero, un tendero o un churrero atropelló... De ahí que se solicite que el anuncio sea retirado o, al menos, corregido.

El fatal accidente se ha visto complicado por el hecho de que la juez del juzgado número 6 de Navalcarnero que sentenció el caso inicialmente consideró que no se trataba de un delito, sino de un juicio de faltas, como explica La Tribuna de Toledo en un artículo publicado el 24 de marzo de 2016 y en el que se indica que el abogado de Anna González ha elevado un recurso a la Audiencia Nacional, contando con el apoyo de la propia Fiscalía.

Sentimientos aparte y dicho con toda crudeza, lo que ahora está en juego es conseguir para la esposa del ciclista fallecido una indemnización por parte de la compañía que aseguraba el camión, cosa que al considerar la juez de Navalcarnero, por los motivos que detalla el artículo mencionado de La Tribuna de Toledo, que el atropello mortal sólo puede resolverse en un juicio de faltas, no como delito, en la práctica, deja este asunto y al implicado sin ningún tipo de juicio ya que, tras las últimas reformas legales, las faltas no pueden motivar un procedimiento penal.

Interior debe poner orden en la DGT

La metedura de pata del anuncio que hemos comentado en párrafos precedentes va camino de convertirse en un problema más gordo al haber puesto en pié de guerra al sector camionero y todo por el enconamiento de la DGT en mantener la oportunidad de esa mención al camionero. Un enconamiento que incide en la idea de que quizá fuera oportuno que Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, repasara el funcionamiento de la DGT, donde en los últimos tiempos y sin relación alguna con el atropello mortal del desafortunado ciclista, están sucediendo cada vez más cosas anormales.

No nos resistimos a hacernos eco de nuevo del agudo
comentario satírico que sobre el affaire del marido de María
Seguí se hacía en su momento en Rocambol News y que
aparecía ilustrado con esta composición gráfica

En repetidas ocasiones hemos reclamado desde esta web-blog que se nos de una explicación sobre qué es lo que pasó con María Seguí, la exdirectora general de Tráfico y el supuesto trato de favor en la adjudicación al esposo de ésta de proyectos de investigación por parte de la DGT.

El informe que se elaboró sobre el asunto fue enterrado por Jorge Fernández Díaz, el predecesor de Zoido al frente de Interior, en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que entonces dependía de Cristobal Montoro y que ahora depende de Soraya Sáez de Santamaría, la vicepresidenta del gobierno de España. La cosa se dio por zanjada con la posible existencia de un conflicto de intereses y no se ha vuelto a saber más del asunto. Que María Seguí dimitiera y se le aceptase su dimisión no basta.

Tampoco se ha vuelto a saber nada del tema de la adjudicación digital y no nos referimos a que se hiciera a través de Internet sino a que se hacía a dedo a cierto grupo de autoescuelas, de los cursos de reciclado de las personas a las que las sanciones les habían dejado sin puntos en el carné de conducir.

En una grabación filtrada a la prensa de una conversación entre la entonces subdirectora adjunta de Concienciación Vial de la DGT, Marta Carrera, y José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE),  se ponía de manifiesto la posible existencia de ciertos amaños en la concesión de los cursos de recuperación de aquellos puntos.

Al hacerse público el contenido de la conversación, el sector de las autoescuelas se echó encima de Báez, al que acusaban de conceder más o menos sistemáticamente los cursos de recuperación de puntos a un grupo privilegiado de unas 250 autoescuelas cuando en toda España hay censadas 9.300.

No parece que la huelga de examinadores de Tráfico esté siendo muy
bien gestionada por parte de la DGT, de la que se echa en falta una
explicación o una exposición de sus puntos de vista sobre la misma

En este caso, el asunto se saldó con la destitución de la mencionada Marta Carrera por la entonces aún directora general de la DGT, María Seguí, cuyo trato de favor a su marido aún no había salido a la luz. De hecho, en ciertos ambientes se manejó la posibilidad de que el descubrimiento del affaire del esposo de María Seguí podría no ser ajeno a la destitución de Marta Carrera en una posible vendetta.

La gestión por parte de la DGT de la actual huelga de examinadores tampoco parece que esté siendo muy brillante a la vista del devenir de los acontecimientos, truncando las expectativas veraniegas de varios miles de españoles que seguramente contaban con poder disponer de su carné de conducir para las vacaciones de este año. Aunque la huelga pueda tener motivaciones políticas, se echa de menos una explicación por parte de la DGT, quizá demasiado acostumbrada a no dar explicaciones.

Aunque la DGT sea una fuente muy importante de ingresos para el Ministerio del Interior, ingresos procedentes de la tramitación y renovación de carnés de conducir, de la matriculación y transferencia de vehículos y, por encima de todo ello, de las multas, la DGT debe ser siempre un organismo dependiente del Ministerio del Interior y nunca al revés.