• La operación, positiva para ambas partes, viene forzada por la Ley de Emprendedores de 2013 que, incomprensiblemente, puso a TRANSAVAL a mitad de camino entre víctima del fuego amigo y daño colateral
MADRID ─ En una operación que está previsto se complete a finales del mes que viene, TRANSAVAL, una pequeña pero muy saneada sociedad de garantías recíprocas (SGR) será absorbida por IBERAVAL, otra SGR cuya actividad se ha venido desarrollando hasta ahora en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y La Rioja. El acuerdo fue firmado hace un par de semanas y en él se establece que IBERAVAL se hace cargo de todos los activos y pasivos de TRANSAVAL, incorporándose al consejo de administración de la primera dos consejeros de la segunda, uno de los cuales, Angel Martín y Cabiedes, que hasta la fusión ha sido presidente de TRANSAVAL, ocupará también una vicepresidencia de IBERAVAL. Pero... ¿por qué una SGR saneada y que tiene un historial sin mácula como TRANSAVAL se ve obligada a integrarse en otra SGR mucho mayor?.Pues el motivo que llevó a TRANSAVAL e IBERAVAL a iniciar negociaciones en julio del año pasado no es otro que la redacción final, la que apareció en el BOE, de la Ley de Emprendedores de 2013, uno de cuyos artículos establecía una exigencias de capital y fondos propios que no cumplía TRANSAVAL. Así, se establecía en la nueva Ley un capital mínimo de 10 millones de euros, un 25 por ciento más que los 8 millones con que contaba esta SGR. Obviamente, aumentar un capital social en ese porcentaje no es muy sencillo en cualquier sector, pero mucho menos en el caso de una SGR. Además se dió inicialmente un plazo de seis meses para ajustarse al nuevo marco legal que luego se terminaría ampliando pero al que TRANSAVAL trató de ajustarse con la celeridad que el caso requería.
Una mano negra que deja a los legisladores españoles a la altura del betún
Lo sorprendente y que el lector debe saber es que en el texto del proyecto de Ley de Emprendedores que se aprobó por el gobierno no figuraba la exigencia de capital social, algo que surgió de manera misteriosa en el camino de la Ley desde el Congreso al BOE, para sorpresa de propios y extraños, que se encontraron de repente con una exigencia que en ningún momento había figurado públicamente con anterioridad. La situación deja sin duda por los suelos al proceso legislativo español y justifica la frustración con que a ello se refiere Angel Martín y Cabiedes, hasta ahora presidente de TRANSAVAL.
Fuentes próximas al sector consultadas por esta web-blog y que prefieren mantener su anonimato sugieren una posible intervención in extremis desde la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), una sociedad pública dependiente del Ministerio de Industria, que llevaba desde tiempo atrás insistiendo en la conveniencia de que las SGR españolas aumentasen su capital y fondos propios. De ser así, la cosa sería cuando menos impresentable.
Lo que sí es totalmente seguro es que, como consecuencia de las nuevas exigencias, más de una veintena de SGR españolas se veían obligadas a ampliar a toda prisa su capital social y sus recursos propios. Al ser una buena parte de ellas de carácter público por depender de los distintos gobiernos autonómicos en cuyo ámbito ejercen su actividad, no tendrán problemas en ajustarse a la nueva normativa, ya que los citados gobiernos autonómicos aportarán el capital necesario para ello... con el dinero de todos los españoles, comenta Martín y Cabiedes.
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| Angel Martín y Cabiedes, presidente de TRANSAVAL, explicando hoy el acuerdo con IBERAVAL a la prensa madrileña |
A la continuidad por la absorción
Con la operación, la SGR resultante de la integración de TRANSAVAL en IBERAVAL pasará a tener un capital social mínimo de 30 millones de euros, más de 22.200 socios participantes (21.047 de la anterior IBERAVAL y 1.200 de TRANSAVAL) y un índice de solvencia del 15 por ciento, superior al que exige el Banco de España, así como un riesgo vivo de entre el 38 y 39 por ciento y una morosidad de sólo el 4 por ciento, muy inferior a la media del sector bancario español.
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| José Rolando Álvarez (izqda.), presidente de IBERAVAL y Angel Martín y Cabiedes, presidente de TRANSAVAL, durante la reciente presentación del acuerdo de fusión en Valladolid |
Tanto desde IBERVAL como desde TRANSAVAL se insiste en que aunque esta última desaparezca, su espíritu quedará inmerso en la primera, potenciando el servicio que hasta ahora se venía prestando desde la segunda. Hace sólo unos pocos días, José Rolando Álvarez, presidente de IBERVAL, firmaba un acuerdo con BBVA por el que esta entidad financiera pondrá a disposición de la SGR 30 millones de euros para impulsar la actividad de pymes y autónomos españoles en el ámbito del comercio exterior.
Martín y Cabiedes, por su parte, aseguró que ya están siguiendo de cerca la evolución de los créditos que, por valor de 450 millones de euros, ha conseguido recientemente el gobierno español del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que vendrán a apoyar la renovación de la flota española de transporte por carretera en lo que se ha dado en denominar Plan PIMA Transporte, lógicamente para ver cómo se pueden conducir algunos de esos fondos a la expansión de la actividad de IBERAVAL y el beneficio de sus socios.