martes, 10 de mayo de 2016

TRENES Y BARCAZAS DIÉSEL EXIMIDOS DEL POSTRATAMIENTO DE LOS GASES DEL ESCAPE

Las autoridades europeas vuelven a dar un trato de privilegio a ciertos modos de transporte frente a la carretera


Locomotora diésel-eléctrica Euro 4000 fabricada por
Vossloh (FOTO de Carlos Royo - Wikimedia.org)

MADRID ─ El proteccionismo de los políticos para con el ferrocarril y el transporte fluvial se ha puesto de manifiesto una vez más con el acuerdo adoptado por las autoridades comunitarias y los primeros ministros de los países miembros en el mes de abril último. Según ese acuerdo y pese a que coches, camiones y autobuses tendrán que llevar un sistema de postratamiento de los gases del escape (filtros de partículas y eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx), las locomotoras y barcazas impulsadas por motores Diesel no tendrán que llevar esos sistemas.

La normativa en cuestión obligará no sólo a los vehículos de motor mencionados, sino también a la maquinaria para la construcción y a los generadores de potencia. Más adelante, también deberá cumplirla la maquinaria para jardinería, aunque sea movida a mano.

No se entiende por qué se permite al ferrocarril y al transporte fluvial que sigan emitiendo contaminantes desde sus lomotoras y barcazas cuando ya existe la tecnología para reducir tales emisiones, una tecnología que ya está siendo usada en coches y vehículos industriales, comentó Julia Poliscanova, gerente de calidad del aire en Transport & Environment , una organización que promueve el transporte limpio y que tiene se sede en Bruselas.

En efecto, está claro que al desviar buena parte del tráfico de viajeros y mercancías hacia el ferrocarril y el transporte fluvial, lo único que se conseguirá es aumentar unas emisiones que los políticos comunitarios teóricamente quieren reducir a toda costa.


Desde T&E también se reclama a las autoridades comunitarias que acometan un proceso de reequipamiento de todos los vehículos y maquinaria para uso fuera de carretera, cuya vida útil es mayor que la de los vehículos para carretera, procediendo a cambiar sus viejos motores por otros nuevos que cumplan normativas más exigentes en materia de control de emisiones contaminantes. La Comisión Europea había prometido estudiar este asunto en 2018.