martes, 12 de abril de 2022

SCANIA RECURRE LA SANCIÓN DE 880 MILLONES DE EUROS QUE RATIFICÓ EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN EL CÁRTEL DE LOS CAMIONES

🔸 Agota así el recorrido legal para conseguir que se le exima del pago de esa multa y que se le reconozca que nunca participó en acuerdos con otros fabricantes para fijar los precios de los camiones, ni se coludió para retrasar la introducción de motores menos contaminantes

MADRID ─ Como ya había apuntado en su momento, Scania, el fabricante sueco de vehículos industriales, ha recurrido el 8 de abril de 2022 la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (UE) en el caso de presuntas violaciones de las normas antimonopolio de la UE. En dicha sentencia, dictada a principios de 2022, el Tribunal General de la UE falló a favor de la Comisión Europea (CE) de que Scania había violado las normas antimonopolio de la UE, al presuntamente formar parte del conocido como Cártel de los Camiones y que, en consecuencia, debía pagar la multa de 880 millones de euros, que había impuesto la CE al fabricante sueco.

El 27 de septiembre de 2017, la CE había adoptado una decisión que condenaba a Scania a pagar la mencionada sanción por presuntamente haber participado en intercambios de información inapropiados y colusión con otros fabricantes de camiones europeos con respecto a la fijación de precios y la introducción de tecnologías de emisiones durante el periodo 1997-2011.

Scania apeló ante el Tribunal General de la UE más tarde ese mismo año 2017. El 2 de febrero de 2022, este Tribunal General dictó una sentencia que confirmaba las conclusiones de la CE contra Scania y desestimaba en su totalidad la apelación de la compañía sueca, confirmando la cuantía de las multas establecidas por la CE.

En este último recurso, con el que agota todas las posibilidades de que se levanten las sanciones que le impuso la CE, Scania sigue manteniendo que nunca participó en acuerdo paneuropeo alguno con otros fabricantes con respecto a los precios, ni se coludió para retrasar la introducción de nuevos motores que cumplieran la normativa de la UE sobre control de emisiones contaminantes por el tubo de escape.