viernes, 27 de mayo de 2016

LO QUE REALMENTE NECESITA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL ES UN PLAN DE DESINTOXICACIÓN

😈  Tras años y años de ayudas y subvenciones, está claro que la industria española del motor se ha hecho adicta a ellas



La industria española del
automóvil no da síntomas
de ir a renunciar a ayudas
y subvenciones
MADRID ─ Decía un filósofo griego, al menos eso es lo que dice la tradición, que siempre que ayudas a alguien, por desgracia estás cometiendo una gran injusticia porque de seguro que hay muchísimas personas que necesitan esa ayuda mucho más que aquella a la que favoreces. ¿Quiere esto decir que no debe ayudarse a nadie?. No, lo que quiere decir es que hay que poner mucho cuidado a la hora de elegir a quien ayudas. Y es que está demostrado que cuando se trata de favorecer a alguien, aunque sea en forma de discriminación positiva, como se dice ahora,  es muy fácil empezar a hacerlo; lo que es muy difícil es interrumpir esa ayuda pasado el tiempo previsto para su duración.

La industria española del automóvil viene beneficiándose de distintos tipos de ayuda ─siempre orientadas a una supuesta finalidad ecológica, de aumento de la seguridad, de rejuvenecimiento del parque, etc., sobre todo para justificar esas ayudas ante la Comisión Europea que, de otro modo, podría haberlas prohibido al distorsionar la libre competencia─ desde hace muchísimos años, casi 20. Sólo en las siete primeras ediciones del Plan PIVE, esa industria recibió ayudas por 890 millones de euros.

Y respecto a los efectos reales de todos esos planes de ayuda, remitimos al lector a un reciente comentario publicado (18 de mayo de 2016) en esta web-blog en el que se informaba de que un grupo de investigadores de las Universidades de Barcelona y Gran Canaria, tras analizar a fondo el Plan 200E, lanzado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009, llegaban a la conclusión de que no había conseguido ninguno de sus propósitos y había costado 300 millones de euros al contribuyente. Y, lo peor de todo, manifestaban su temor de que el resto de los planes de ayudas pudieran haber tenido unos resultados aún más desastrosos.

¿Hasta cuándo?

En las últimas fases de la reciente crisis económica, algunos directivos destacados de la industria española del automóvil, seguramente avergonzados o, al menos, incómodos al verse interrogados sobre hasta cuándo iban a seguir poniendo la mano al gobierno para que favoreciera su actividad, llegaron a decir que el final de las ayudas sería lógico cuando la demanda volviese a recuperar no ya los niveles de final de la burbuja sino un nivel del entorno de 1,2 millones de coches vendidos al año.

Pues bien, las cifras de matriculación de turismos publicadas por la patronal ANFAC a comienzos del presente mes para el conjunto del primer cuatrimestre del presente año apuntan, según la propia ANFAC, a un mercado de 1,1 millones de unidades para el
ejercicio 2016. Es decir, que estamos a las puertas de esa cota del 1,2 millones de unidades matriculadas que algunas voces del sector habían fijado como final de las subvenciones.

¿Y hay algún viso de que la propia industria del automóvil se esté preparando para dejar de beneficiarse de tales ayudas?. Pues no. De hecho, según se aproxima el final de la octava edición del plan PIVE, que casi coincidirá con las próximas elecciones generales, lo que se está viendo es un recrudecimiento de la demanda de continuidad para el régimen de subvención en el que llevan tan largo tiempo viviendo.

Sin ir más lejos, la propia directora general de Tráfico, María Seguí, que esta mañana inaugurará el Salón del Vehículo de Ocasión 2016 en el recinto ferial de Madrid (IFEMA), se descolgaba hace tiempo con unas declaraciones en que se sumaba a las voces que continuamente piden ayuda y más ayudas para el sector del automóvil.

Hace apenas tres días, precisamente en la presentación a los medios del evento antes mencionado, Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de GANVAM, insistía en que hay que dar continuidad a los programas de achatarramiento e incluir en las ayudas a los vehículos de ocasión, tal y como recogieron los planes Renove, 2000E y PIVE 1, lo cual dinamizaría la demanda y favorecería también el rejuvenecimiento del parque.

¿Quién pide más?

Pero no paraban ahí las peticiones del presidente de GANVAM, que sugería que para reducir los costes financieros e impulsar las ventas, era necesario facilitar a los operadores de leasing y renting la recuperación urgente de los vehículos impagados por los consumidores y arrendatarios. Además, para favorecer que haya un mayor estocaje, Sánchez Torres considera deseable eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en las operaciones entre profesionales ─¿y por qué no también para los particulares, como ocurre en la Comunidad de Madrid?─, ya que actualmente, si esos profesionales no venden el coche antes de que pase un año desde su adquisición, están obligados a pagar este tributo. ¡Pobrecitos!.

Desde esta web-blog hemos manifestado en muchas ocasiones nuestra oposición a los planes de ayuda a ciertos sectores industriales por considerarlos siempre discriminatorios, convencidos de que, como continuamente se pone de manifiesto, es muy fácil ponerlos en marcha y muy difícil detenerlos. Pero está claro que estamos ya en una situaciónno ya de ¿quién da más?, sino de ¿quién pide más?.

Evidentemente y en contra de los que semanas atrás manifestaba Christophe Mandon, presidente ejecutivo del grupo francés Peugeot para España y Portugal, a los medios informativos, afirmado que los planes PIVE son una inversión, no una droga para el mercado, todo apunta a que Mandon está equivocado y que lo que realmente necesita la industria española del automóvil es un plan de desintoxicación de los nocivos efectos de las subvenciones. Un plan que debería comenzar por una depuración de los datos que sobre el parque español de automóviles tiene en sus archivos la DGT, para de una vez saber cuál es la antigüedad real del mismo.

La DGT acometió un intento de depuración hace unos años y, tras eliminar 800.000 vehículos que fueron dados de baja por sus propietarios en un 50 por ciento de los casos y otros 400.000 que se comprobó que hacía muchos años que no circulaban por nuestras carreteras, todo apunta a que se haya abandonado el proyecto. Desgraciadamente, aún habiendo eliminado esos 800.000 vehículos, a la DGT le quedaban aún otros 2,7 millones de unidades de las que no tenía idea de si existían, si circulaban o qué.

Mientras esos datos básicos no se clarifiquen, está claro que las manidas referencias a la excesiva edad del parque español de automóviles seguirán totalmente desautorizadas.